Introducción

Los conflictos socioambientales en América Latina y en Colombia están en aumento a causa de las políticas extractivistas de los gobiernos, para quienes los recursos naturales constituyen fuentes de riqueza y desarrollo, sin importar que esto signifique tanto el detrimento de los ecosistemas como de la calidad de vida de las poblaciones que allí habitan y que han establecido una relación con sus entornos naturales distintas a las que son propias del modelo capitalista. En consecuencia, para estas comunidades, la explotación de estos recursos representa violaciones a su territorio, autonomía, derechos colectivos, entre otros.

En este aspecto, los antecedentes investigativos en el campo de los conflictos socioambientales a nivel global establecen que el 40% de estos tienen

lugar en países de América Latina; Colombia es el país que ocupa el segundo lugar con 95 casos, después de la India. Dichos conflictos represen- tan la degradación ambiental de ecosistemas, biodiversidad, bosques, recursos hídricos, así como la afectación a comunidades campesinas e indígenas y otros grupos étnicos (véase Environmental Justice Atlas, 2015). En este sentido, Pérez-Rincón (2014) señala que en Colombia la Región Andina es la zona más afectada con 45 casos, especialmente por la explotación minera y proyectos hidroeléctricos, seguida de la Costa Caribe con 23 casos, producto de la extracción de la energía fósil. Estas regiones concentran el 90% de los habitantes del país.

Este estudio también muestra que el recurso más afectado es el agua, pues involucra el 32% de los casos. Así mismo, resalta que los movimientos sociales han sido fundamentales para detener estos proyectos de explotación al implementar mecanismos de resistencia, entre ellos se cuentan paros, marchas, y bloqueos, así como estrategias legales y jurídicas. Sin embargo, pese a que la pugna de estos grupos se da en situaciones des- iguales, a la fecha se han detenido 14 proyectos, lo que ha sido llamado “triunfos de la justicia ambiental”.

Entre los casos de mayor conflicto socioambiental en Colombia se encuentra el páramo Santurbán, ubicado en los departamentos Santander y Norte de Santander, que se convirtió a finales del año 2011 en objeto de disputa por diversos actores. La causa del conflicto fue la pretensión de una multinacional minera de explotar a cielo abierto, lo que afectaría el agua de más de dos millones de habitantes, y al tiempo vulneraría la biodiversidad del complejo. Esto ocasionó la reacción de un grupo de ambientalistas que lograron frenar el proyecto mediante diversas estrategias. En efecto, entre los años 2012 y 2014 las multinacionales que se encontraban en el páramo entraron en stand-by por orden del gobierno; esto ocasionó un receso en los modos de subsistencia de las comunidades que históricamente han vivido de la explotación de oro, lo que afectó sus economías y estilos de vida. Estos grupos sociales se conformaron en la otra cara del conflicto, ya que los pequeños mineros habían vendido sus títulos a estas compañías, mientras la minería tradicional decaía por las grandes exigencias en el cumplimiento de las normas ambientales.

El 23 de diciembre de 2014 el gobierno nacional dictó la Resolución 2090 mediante la cual marcó los límites del páramo Santurbán, y demarcó las zonas en que se podrá realizar minería, por tanto, estableció que de las 260 000 hectáreas que representa el ecosistema, 129 743 serán protegidas. En consecuencia, esta medida perjudicaría a los pequeños mineros mientras que las grandes multinacionales continuarían operando fuera de la línea, lo que en la práctica no subsanaría la contaminación de los afluentes que surten los acueductos de Santander y Norte de Santander, razón por la cual continuó la protesta ambientalista.

El 8 de febrero de 2016 la Corte Constitucional dictó la Sentencia C-035, que prohíbe cualquier tipo de actividad minera en las áreas delimita- das de los páramos, lo que dejaría sin piso la Resolución 2090. En efecto, se aumentaron las incógnitas sobre el futuro del páramo y de los que allí habitan. Esta sentencia condujo a nuevas demandas por parte de los ambientalistas en contra de la demarcación 2090. A la fecha continúan la incertidumbre y las expectativas, especialmente por parte de las comunidades de Santurbán que son las más afectadas con las decisiones jurídicas.

En este contexto, son múltiples y variadas las preguntas que se generan: ¿cuál será el futuro del agua en estos territorios?, ¿qué pasará con las comunidades de la región que históricamente han vivido de la minería?, ¿cuáles son las ideas de naturaleza de los actores de este conflicto?,¿cuál es la injerencia de las comunidades en la toma de decisiones y diseño de sus propios futuros?, ¿desaparecerá la minería de los páramos?, ¿los fallos jurídicos realmente protegen los páramos?, ¿qué principios bioéticos rigen la toma de decisiones?

Los dictámenes que se realicen respecto al futuro del páramo Santurbán posiblemente serán replicados como modelo para los otros 34 páramos que se encuentran en territorio colombiano. De ahí la importancia en analizar este conflicto desde la perspectiva bioética con enfoque de ecología política.

La ecología política es un enfoque orientado a analizar el modo en que la naturaleza es desnaturalizada desde la conquista y la colonización de América y cómo esa idea ha perdurado hasta nuestros tiempos y ha promovido la expropiación de territorios, culturas e identidades. No obstante, las poblaciones expropiadas luchan de manera desigual, por la reapropiación de sus mundos, cosmovisiones, por ende, sus recursos naturales, que al tiempo significan sus estilos de vida, pero ante todo sus subsistencias. Este enfoque analiza los conflictos socioambientales desde dos dimensiones: las ideas de naturaleza de los diversos actores de los conflictos y los movimientos sociales. En este aspecto, las investigaciones señalan que las nociones de naturaleza en las diferentes identidades culturales latinoamericanas son diversas,1 no obstante, aún hay una tendencia al tipo antropocéntrico, es decir, perciben la naturaleza como mero objeto de consumo. Para De Castro, Hogenboom y Baud (2015, p. 25) el reconocimiento de las concepciones diversas de la naturaleza de los diferentes actores en los conflictos socioambientales va a ser fundamental para determinar el modo en que se deben abordar estas disputas, así como el diseño de soluciones y el establecimiento de prioridades y acuerdos entre objetivos contrapuestos.

Escobar (1999, p. 284) clasifica las ideas de naturaleza en cuatro tipos: capitalista, orgánica, tecnonaturaleza e híbrida. La primera es aquella naturaleza convertida en objeto; como tal, es un artículo que se rige por los valores de uso que le asigne las lógicas del mercado. La segunda presenta una relación más integral entre cultura y biología, pero ante todo constituye una forma diferente a la concepción capitalista de naturaleza. Destaca que actualmente no es posible hablar de naturalezas en estado puro, pues de una u otra forma han sido permeadas por la cultura occidental; no obstante, estos mundos orgánicos hoy luchan por continuar de acuerdo a sus cosmovisiones, interacciones e intercambios. La tercera se define como el campo de la artificialidad donde la tecnociencia media entre la biología y la historia. Aquí la naturaleza es reinventada, al asistir a un rediseño de la evolución en el cual lo orgánico es alterado o sustituido por modelos artificiales. Por último, la naturaleza híbrida se erige en los intercambios entre lo tradicional y lo moderno, lo global y lo local; en este sentido se señala que los movimientos sociales, aunque presentan arraigo ecológico y cultural, necesariamente requieren para subsistir ciertas estrategias de la economía de mercado. De este modo, las resistencias luchan por sus modelos locales de naturaleza que dan lugar a formas alternativas de desarrollo.

El estudio de los movimientos sociales también se conforma en otra dimensión de la ecología política. Saade Hazin (2013) identificó que los conflictos socioambientales mineros en Colombia, México y Perú enfrentan a los actores de dos modos: por un lado, las empresas mineras y las comunidades; por otro lado, los conflictos entre el gobierno nacional y las autoridades locales, a causa de la distribución de los ingresos tributarios provenientes de las actividades mineras, las cuales son inequitativas.

Sabatini (1998, p.6) señala que los problemas locales ambientales son de carácter único e irrepetible, de ahí que las legislaciones gubernamentales queden cortas para dar soluciones. Asimismo, considera que el concepto de medioambiente tiene múltiples dimensiones, entre ellas, la justicia, pero esta no se puede abordar solo desde un modelo de justicia distributiva, sino debe ser examinada a partir de las nociones de justicia de los implicados y sus configuraciones en relación con su mundo socioambiental.

Por su parte, Urán (2013, p. 256) anota que, en Colombia, una de las principales causas en los conflictos socioambientales es la minería a gran escala practicada por las multinacionales, que cuenta con todas las garantías, mientras que la minería artesanal es satanizada por el gobierno, lo que disminuye las opciones de vida de quienes tradicionalmente han dependido de esta actividad.

Alimonda (2011, p. 21) considera que estas tensiones por la relación cultura-naturaleza- vida, que se están canalizando a través de los movimientos sociales en América Latina, deben comprender la perspectiva histórica de la región, la cual ha sido y continúa siendo la de una naturaleza colonizada, que ha sido expropiada y desnaturalizada.

Aunque el enfoque de la ecología política con- templa dimensiones importantes como las mencionadas, las éticas de la vida o bioéticas de los grupos sociales contra la desnaturalización de la naturaleza aun aparecen tímidamente, de ahí la importancia de articular estas dos perspectivas.

La bioética nació en 1927 con el alemán Fritz Jahr (véase Sass, 2011) quien acuñó este término para llamar la atención a los seres humanos sobre las consideraciones éticas que deben tener hacia todas las formas de vida, especialmente con los animales y las plantas, a las que reconoce como fines en sí mismos. Hacia la segunda mitad del siglo XX, Potter (1988, pp.2-5) presenta a la bioética como una propuesta global que articula sociedad-naturaleza-política como ejes para la supervivencia humana. No obstante, los enfoques anglosajones desarticulan el sentido global de la bioética para orientarla a tres aspectos: la ética médica, lo ecoambiental y lo social.2 Por su parte, los enfoques bioéticos latinoamericanos están fuertemente asentados en la ética médica, aunque en los últimos años se viene afianzando una propuesta bioética con enfoque de ecología3 que plantea la necesidad de articular los asuntos ecológicos con los problemas sociales, marcados por la pobreza y la desigualdad en el mundo global.

Heinzmann y Fonti (2012) consideran que los modelos de las bioéticas y éticas ambientales tradicionales no dan respuestas a las situaciones complejas emergentes en América Latina, como en el caso de los conflictos socioambientales, cuyos actores sociales luchan por la defensa de los recursos naturales, del territorio, de la biodiversidad, a fin de preservar el enorme patrimonio natural y, por ende, también social y cultural que caracteriza al continente. En consecuencia, los autores definen la bioética como “el lugar” donde interactúan argumentos y cursos de acción a favor de la vida y el medio ambiente, que beneficien el bien común. Asimismo, destacan el reconocimiento de los interlocutores como condición imprescindible para el diálogo. Consideran que la contribución de la bioética va más allá del análisis y la evaluación, para elaborar estrategias o apoyar las existentes en pos de la denuncia y exigencia de los derechos vulnerados, particularmente los que afectan a la vida; en este sentido, estiman que reconocer las nociones, concepciones y prácticas de los actores que son afectados en estas disputas, se constituye en el inicio de toda estrategia bioética.

A nivel nacional, hay un interés más claro entre la bioética y estas tensiones ambientales, pero especialmente se está desarrollando un enfoque que propone la bioética como mediadora en los conflictos socioambientales. Los trabajos de Pineda (2012, p. 14), Mueses (2011, p. 78) y Guerra (2012, p. 22) se encuentran en este horizonte.

A pesar de lo anterior, la bioética en Latinoamérica aún es débil respecto al reconocimiento de las diferencias culturales y el modo en que estas se relacionan con la naturaleza, creando modelos alternativos no solo productivos, sino mundos impregnados de interacciones, pensamientos, prácticas, valores, entre otros, construidos desde sus propias cosmovisiones. Las filosofías andinas ⁴ se constituyen en un valioso referente para fundamentar las bioéticas latinoamericanas; entre ellas se encuentra el “buen vivir” (véase Gudynas, 2012; 2013; Guillen & Phélan, 2012), una filosofía de los pueblos originarios y marginados de la región latinoamericana, por tanto, sus proclamas, distintas al modelo desarrollista, se orientan hacia una ética de vida que convoca el mundo de manera holística, compleja y colectiva.

En consecuencia, este estudio propuso articular la bioética con la ecología política, como tal, se orientó a identificar las ideas de naturaleza mediante las cuales los diversos actores se re- apropian del páramo Santurbán después de la delimitación, así como las bioéticas o éticas de la vida que se entretejen en estas percepciones. Asimismo, determinó si “la diferencia en la igualdad” como valor bioético estaba presente en las alternativas de desarrollo que redefinirán el futuro de las comunidades del páramo.

MATERIALES Y MÉTODOS

Este estudio se realizó mediante un enfoque interpretativo, diseño estudio de caso, “el cual se orientó a comprender el significado de una experiencia, e implicó el examen intenso y profundo de diversos aspectos de un mismo fenómeno” (Pérez Serrano citada en Galeano, 2004, p. 66). El caso está marcado por la individualidad, pero al tiempo muchos otros casos se pueden ver reflejados en él. Para Galeano (2004, p. 70), la historia singular de un caso se configura a partir de la lectura de su complejidad: cultural, social, económica, física, política, entre otros. Los casos pueden ser de tres tipos dependiendo el interés de estudio: intrínseco, su valor radica en lo que le es propio y característico, de modo que revele su propia historia; instrumental, cuando hace parte de un estudio más extenso; casos colectivos, que buscan la comparación para obtener resultados similares o contrastantes.

Este estudio de caso se configuró a partir de un interés intrínseco y lo constituyó el conflicto socioambiental del páramo Santurbán después de la delimitación, en el cual los diversos actores se reapropian de la naturaleza con múltiples intereses. La unidad de análisis macro fueron las ideas o regímenes de naturaleza de los diversos actores, y sus bioéticas, Asimismo, se examinó si “la diferencia en la igualdad” propuesta como valor bioético estaba presente en la delimitación que se realizó de dicho ecosistema.

A consecuencia de lo anterior, se seleccionaron los actores del conflicto de acuerdo con sus intereses: individuales o colectivos, en suma, quince actores. En efecto, once líderes de carácter colectivo, entre ellos nueve líderes mineros formales e informales fueron denominados para este estudio como actores sociales; por otro lado, dos líderes del grupo de ambientalistas, ya que sus intereses también son de carácter colectivo.

Entre los actores individuales, se eligieron tres líderes de la compañía que suscitó el conflicto. Por último, se seleccionó como actor mediador un líder del gobierno. Los criterios de selección dependieron del estatus de liderazgo, la equidad de género, la representatividad de cada municipio seleccionado y la disponibilidad del mismo.

Las técnicas aplicadas fueron la observación al contexto social, humano y natural del páramo Santurbán y las entrevistas a profundidad realizadas entre junio del 2015 y febrero del 2016 a los quince líderes seleccionados. ⁵ Esta técnica se desarrolló en tres momentos: un primer encuentro con el entrevistado, en el cual de manera espontánea comentaba el contexto del conflicto, su rol en él y sus perspectivas. Un segundo momento, que condujo al diseño de la entrevista teniendo en cuenta los objetivos específicos planteados en relación con el marco teórico que buscó comprender las categorías ejes de estos, y los diálogos informales que se realizaron en el primer momento con el entrevistado. Un tercer momento, que correspondió a la aplicación de la entrevista, en donde el entrevistado en completa libertad expuso sus percepciones, visiones, expectativas, intereses, demandas, entre otros, sobre el conflicto socioambiental de Santurbán.

Posteriormente, se realizó la interpretación que conllevó la codificación de los datos, la elaboración de las matrices categoriales, y por último, el proceso de triangulación, que se realizó a partir de las relaciones entre las categorías ejes, el modelo teórico, los horizontes de sentido y el análisis de la investigadora. En este proceso de comparación y de contrastación se establecieron relaciones causales, y las articulaciones con las categorías conceptuales; por último, se elaboraron las conclusiones y recomendaciones.

DISCUSIÓN Y RESULTADOS

Las ideas de naturaleza son diversas en los actores del conflicto socioambiental de Santurbán. Los actores sociales de Santurbán presentaron ideas de naturaleza capitalistas, los actores ambientalistas ideas orgánicas, los actores individuales ideas tecnocientíficas, y el actor mediador ideas híbridas. No obstante, estas percepciones coexisten en todos los actores con nociones híbridas.

LOS ACTORES SOCIALES DEL PÁRAMO SANTURBÁN: ENTRE LAS IDEAS CAPITALISTAS E HÍBRIDAS

Las ideas capitalistas dominan en los actores sociales, esto se devela al proclamar la continuidad de las multinacionales en la región como la única opción de vida para la supervivencia y el desarrollo. Esta percepción capitalista es consecuencia de la historia ambiental de la región, determinada por los tiempos de la conquista y la colonia cuando los españoles esclavizaron a los indígenas Chitareros pobladores de la región que, pese a que no explotaron el oro, fueron convertidos por los conquistadores ibéricos en mitayos para trabajar en las minas (véase Aguado, citado por Pabón (1992, p. 22)). También se destaca a principios de siglo XVIII un hecho en la historia de esta región, a saber, que el distinguido sabio de la ciencia José Celestino Mutis habitó el territorio en busca de oro, aunque parece ser que fracasó en la misión. Este pasaje histórico es trascendental para los moradores de la región, quienes se sienten muy orgullosos del suceso. De esta manera se expresa uno de sus líderes: “José Celestino Mutis tuvo gran injerencia en la apertura de esta economía minera de la región. Fue un padre ambientalista puro con sabiduría y prospección económica para la zona”. Posteriormente, en la independencia, las empresas extranjeras llegaron a la región para explotar el oro, actividad que realizaron durante los siglos siguientes. Al tiempo, mineros tradicionales de la región también usufructuaron el territorio; sin embargo, hacia finales del siglo XX la constante presión de la guerrilla y otros grupos al margen de la ley hizo que un grupo numeroso de pequeños mineros vendieran sus títulos mineros a las multinacionales. De este modo, la llegada de una multinacional canadiense cambiaría la historia de la región, aspecto en el que enfatizó un líder minero:

La multinacional generó más de 1 000 empleos directos y 2 000 indirectos. Un obrero de una multinacional ganaba aproximadamente un millón de pesos, aparte le dan la alimentación, transporte, implementos de seguridad, eso sumaria dos millones de pesos […] Con las formas de empleo de las multinacionales se generó una gran familia, que ya no pensaba en ser contratada, sino en generar servicios para contratar directamente.

Así, el auge de empleo y, por tanto, el aumento en la calidad de vida llevó a que un gran porcentaje de las comunidades de Santurbán generaran dependencia laboral y económica de la compañía. No obstante, el proyecto Angosturas, que pretendió realizar la multinacional canadiense a finales del 2012, despertó la conciencia ecológica de un grupo de ambientalistas, por los efectos adversos que ocasionaría en el agua de más de 2 000 000 de habitantes, igualmente, consecuencias devastadoras para la biodiversidad del páramo.

En este aspecto Castro (1994, p. 94) señala que la colonización española no hubiese sido posible sin la complicidad de las poblaciones originarias de América, de ahí que las economías latinoamericanas, en busca de sus desarrollos no cuestionaron la hegemonía capitalista. Es importante destacar que la literatura sobre ecología política ⁶ analiza los modos en que las comunidades latinoamericanas se han emancipado contra las formas coloniales que han desnaturalizado la región, al socavar culturas, identidades, cuerpos, ecologías; sin embargo, el caso de Santurbán es distinto al presentado por estos análisis, puesto que los señalamientos de los líderes de la región ratificaron que las comunidades son aliadas de las multinacionales y, por tanto, no están en contra de las actividades que estas realizan en la explotación del oro, pese al detrimento del ecosistema de páramo.

Este estudio es significativo al representar la voz de una comunidad minera que va en contravía a los ideales de la mayoría de las comunidades campesinas e indígenas de América Latina que han construido una relación con la tierra –la pacha mama– de reciprocidad, complementariedad, ciclicidad tal como lo exponen las filosofías andinas. Sin embargo, Alimonda (2011, p. 30) plantea que la ecología política no puede limitarse solo a examinar la interacción ser humano-naturaleza, sino que debe intentar comprender las relaciones complejas que se tejen y el modo en que está siendo mediada por el poder, la violencia y la expropiación.

Pese lo anterior, en algunos mineros primaron las ideas de naturaleza híbridas, al expresar que, aunque están de acuerdo en que las multinacionales continúen en su territorio deben hacerlo bajo una minería responsable que asegure el futuro del ecosistema, así como el de las gene- raciones vendieras. En este sentido manifestaron: “hay que saber explotar para no dañar el medio ambiente”, “la naturaleza es producción y tenemos que cuidar”, “yo quiero que lleguen las multinacionales porque dan empleo, estas pueden estar siempre y cuando haya control y vigilancia y no a gran escala, sino por túnel”. Pero para Guerrero (2009, p. 5) aunque se potencien las buenas prácticas en minería esto nunca será una actividad sostenible, dado el largo tiempo en que se realiza con sus consecuentes impactos.

Escobar (1999, p. 308) considera que estas formas de convivencia híbridas coadyuvan a la subsistencia de las comunidades originarias y, por tanto, a la conservación de sus territorios e identidades, conformándose en una opción para que estas no desaparezcan en el mundo globalizado, y así se configuren modelos alternativos de cultura-naturaleza.

Respecto a los valores que promueven las éticas de la vida latinoamericanas: la autodeterminación, la identidad, los principios del buen vivir, la equidad y justicia, los conocimientos locales, entre otros, se encontró en los discursos de los actores sociales del conflicto socioambiental de Santurbán que la autodeterminación es un valor en las comunidades, que se materializa en la abierta alianza con las multinacionales, por tanto, no se funda en la defensa de sus territorios, como “el lugar” que da identidad y vida, ya que en su mayoría los líderes aluden a la necesidad del que el páramo sea explotado como única estrategia de supervivencia y desarrollo. En este sentido expresaron: “la comunidad vende la idea que Santurbán es rico en ecosistema y minerales y que puede ser beneficio colectivo para todos”, “La única actividad rentable en California es la minería, el resto no da, además, las mineras dan todo a sus empleados. La comunidad solo espera el regreso de las multinacionales”.

Al tiempo, consideraron que las compañías extranjeras no contaminan ni vulneran el eco- sistema de Santurbán. De ahí que principios como la justicia y la equidad se hacen visibles para la comunidad en la medida en que las políticas del gobierno permitan la continuidad de las multinacionales.

Así, en la bioética de los actores sociales prima el interés particular –la supervivencia– sobre el interés general –el agua–, sin duda estas posiciones capitalistas son consecuencia de sus historias ambientales, así como producto de un gobierno que con frecuencia olvida que el territorio no son solo ciudades capitales, sino también regiones, en cuyas tierras habitan diversas culturas que hacen posible la vida de una nación. Así, urgen acciones que velen por la riqueza más preponderante del país: el agua, las culturas y la biodiversidad, dentro de marcos bioéticos que reafirmen la vida y la diferencia como condición esencial de un verdadero desarrollo.

LAS IDEAS ORGÁNICAS E HÍBRIDAS DE LOS ACTORES AMBIENTALISTAS: “LA SÍNTESIS DE TODO ES EL AGUA”. POR UNA BIOÉTICA VITAL

La lucha ambientalista se ha caracterizado por organizarse sobre ideas de naturaleza orgánica de tipo prístino en relación a los páramos, al defender el potencial hidrológico y biodiverso que estos representan, entre sus expresiones: “la naturaleza puede ser sinónimo de biodiversidad, pero ante todo de vida, pero hablando de Santurbán la prioridad es el agua, la síntesis de todo es el agua”, “No aceptamos ningún tipo de minería, los mineros artesanales son pocos”.

Sin embargo, reconocen que es una postura ideal, ya que Santurbán es un territorio en el que conviven naturaleza y comunidad, por tanto, consideran que se requiere de políticas híbridas que contemplen estas dimensiones del conflicto y coadyuven a las poblaciones originarias a buscar alternativas que armonicen con la conservación del ecosistema. En efecto, para un líder ambiental el plan de manejo será decisivo para conservar el ecosistema, pues permitirá el desarrollo de las actividades sostenibles diferentes a la minería; no obstante, aclara que si se prohíbe la minería tradicional de manera radical podrá incrementarse la minería ilegal.

Los pensadores latinoamericanos de la ecología política ⁷ recalcan la importancia de los movimientos ambientalistas como alternativas colectivas diversas y pluralistas a las políticas estatales y de mercado, ya que permiten construir una ciudadanía global comprometida con el medio ambiente y calidad de vida al reinventar las relaciones sociales, los modos de producción y los patrones de consumo.

Así, la posición ambientalista hacia la defensa del agua como prioridad, conlleva que sus éticas de la vida promuevan el cuidado y la preservación de los páramos, como ecosistemas únicos y proveedores de este precioso líquido; por tanto, afirmaron que la actividad extractiva de la minería a gran escala va en contravía a la supervivencia de las generaciones futuras.

Aunque estas ideas orgánicas de la lucha ambientalista no se inscriben dentro de los principios cósmicos y espirituales que plantean las filosofías andinas, sí se vislumbran en ellas principios como la correspondencia, la complementariedad y la reciprocidad, al manifestar uno de sus líderes: “el principio de correspondencia, significa que, así como hacemos uso del agua, también tenemos el deber de protegerla, así como tengo un derecho a usarla tengo el deber de cuidarla. Así, como tengo derecho a tomar agua potable mi hijo también tiene derecho a esa agua potable”. Entre tanto, el principio de justicia de las filosofías andinas que claman por un bien común, es evidente en el discurso ambientalista al proclamar el bien colectivo sobre el bien particular, esto es, el derecho al agua.

Estermann (2011, p. 22) señala que los principios de correspondencia, complementariedad, reciprocidad y ciclicidad son los que aseguran la continuidad del orden y la vida y que conducen a un principio de justicia, comprendido como un horizonte hacia donde debe apuntar las relaciones productivas, esto es, el bien común, que desencadene en la convivencia social. En este mismo aspecto, el pensamiento de la ecología política (véase Leff, 2006) defiende un sistema económico diferente al actual, cuyo valor eje sea el bien común, pero en condiciones de igualdad y equidad, en el caso de la lucha ambientalista, el agua como bien común, pero al tiempo, brindando posibilidades de vida a las comunidades que históricamente han habitado este complejo.

LAS IDEAS DE NATURALEZA DE LOS ACTORES INDIVIDUALES: LA TECNOLOGÍA COMO GARANTE PARA REALIZAR UNA MINERÍA RESPONSABLE

Los actores individuales de este estudio pertenecen a la multinacional que fue la detonante del conflicto en el 2011 por su famoso proyecto Angosturas. Sus ideas de naturaleza presentaron una abierta tendencia a confiar en la tecnología como garante del desarrollo de una minería responsable, en este sentido afirmaron: “hay que respetar las áreas de conservación y garantizar que se haga la inversión necesaria para poder traer la mejor tecnología, el mejor desarrollo y por supuesto las mejores prácticas en todos los sentidos sociales y ambientales”. A la vez, reconocieron el rol de la comunidad de Santurbán para llevar a cabo una minería responsable, lo que ratifica sus percepciones híbridas: “la minería en el páramo tiene que tener un componente de responsabilidad social y ambiental muy alto”.

Estos actores individuales también afirmaron que lo positivo de la lucha de los ambientalistas fue que puso en conocimiento público una región que durante siglos fue olvidada por el gobierno; no obstante, resaltan que el movimiento ambientalista no conoce realmente la región, de ahí que su protesta contenga elementos equivocados sobre la contaminación y los usos del agua, en este sentido un actor individual expresó:

Como empresa nunca hemos usado el mercurio, ni vamos a usar el mercurio, porque el mercurio no es necesario para los procesos. Estamos buscando la manera de llevar el uso del cianuro casi a cero, para así hacer los procesos más eficientes […] Uno de los miedos grandes es que el agua se va a acabar, el páramo son 98 mil hectáreas a menos que tengamos el yacimiento en un embudo y que perforáramos. Los títulos están distribuidos en toda la región y los proyectos son muy pequeños en superficie y dimensión.

A pesar de lo anterior, los ambientalistas consideraron que estas multinacionales continúan contaminando después de la delimitación, al señalar uno de ellos: “en la actualidad, a pesar de decir las multinacionales que están disminuyendo el uso del cianuro y no usar el mercurio porque es ilegal, se siguen encontrando estos componentes en las muestras que toma el acueducto y en los datos del área metropolitana del 2015”. Además, afirmaron que el asunto no son solo las sustancias usadas en la gran minería, sino también la cantidad de agua que esta utiliza, puesto que en el Estudio Nacional del Agua -ENA 2014-, el municipio de Bucaramanga está ubicado en zona roja, esto significa, que hay un índice de escasez alto, por tanto, debe predominar el interés general sobre el particular.

Guerrero (2009, p. 48) hace énfasis en que la minería responsable comienza cuando el Estado excluye de las zonas de páramo esta actividad; no obstante, agrega que en el caso de que estas operaciones sean inevitables se deben elevar al máximo los estándares de gestión ambiental y social. Finalmente, advierte que no existe ningún desarrollo humano si es a costa de la degradación ambiental.

Aunque en los actores individuales se vislumbró una ética de la vida, al percibirse el interés por cumplir la norma ambiental para la explotación minera, la realidad parece distinta. Las constantes denuncias de los ambientalistas por la supuesta permisividad del gobierno frente a la violación de las normas por parte de las multinacionales, así como el poco control y vigilancia, pone en duda un compromiso real de estas compañías con una ética de la vida. Así, estas multinacionales con una alta inversión extranjera y mínima participación colombiana buscan maximizar sus intereses en detrimento del ecosistema. Ante ello cabe la pregunta ¿una supuesta minería responsable en Santurbán podrá garantizar el derecho al agua y la vida de las futuras generaciones?

EL GOBIERNO COMO ACTOR MEDIADOR: SUS IDEAS HÍBRIDAS ENTRE EL CUIDADO DEL PÁRAMO Y LA SUPERVIVENCIA DE LAS COMUNIDADES QUE LO HABITAN

El actor mediador que en este estudio de caso es un representante del Gobierno Nacional, y cuya función es gestionar y gerenciar los recursos destinados al páramo después de la delimitación, tiene la certeza que estos son insuficientes y que no transfiguran la vida de una comunidad: “así haya recursos no voy a lograr cambiarles a una familia minera sus costumbres heredadas de 500 años de historia. Ellos día a día perfeccionan su minería tradicional”.

Respecto a la Sentencia C-035 de la Corte Constitucional, este actor consideró que este fallo protege el interés general al salvaguardar los páramos de la minería ilegal, pero desafortunadamente afectó a Santurbán, pese a que allí se están haciendo las cosas bien. En su discurso aludió a la necesidad de reciprocidad con la naturaleza, a causa de la actividad humana que la interviene: “hemos atentado contra la naturaleza, porque hay otros intereses que también son valiosos para que existan los seres humanos, pero lo importante es que yo quito, pero debo poner”.

Este líder mostró ideas de naturaleza híbridas al señalar la importancia de formar a los mineros para que realicen su labor respetando el medio ambiente:

Mi labor es articular, acompañar, gestionar recursos de nivel nacional para ponerlos en la región, para mitigar un poco hasta donde pueda toda esta afectación que ha recibido la gente, las familias que viven en el páramo con la delimitación. La minería la puede uno hacer con todo el respeto, pero hay que saberla hacer y hay que hacerla cumpliendo todas las normas que obligan a hacer una minería limpia, responsable y seria.

Asimismo, consideró que después del fallo de la Corte se debe velar por proteger a las comunidades afectadas. Aunque en el discurso de este actor mediador se apreció la preocupación sobre lo que puede suceder con las comunidades de Santurbán, especialmente las del municipio de Vetas, es claro en sus enunciados que los proyectos que se pretenden tanto después de la delimitación como del fallo de la Corte, resultarán de las directrices del gobierno, más no parten del sentir, las percepciones y las prácticas de las comunidades que históricamente han ocupado estas montañas:

Cuando se tenga listo el borrador del proyecto se va a invitar a todos los alcaldes de Soto norte para que también den a conocer su punto de vista y a mirar y a hacer una evaluación de cuantas son las personas afectadas, entrar a mirar de qué manera, que sistemas y que mecanismos vamos a adoptar […] Para el 2016 estamos trabajando un proyecto macro que sea sostenible con la Gobernación de Santander para que quede insertado en el plan de desarrollo.

En este sentido, las comunidades no son las promotoras de sus propios proyectos, sino que son receptoras de los lineamientos que se dictan desde el gobierno, que aún no ve la importancia de la participación democrática y activa de estos grupos en los asuntos que le competen, por tanto, no se generan políticas públicas que en realidad velen por el futuro sostenible de las poblaciones.

LOS MOVIMIENTOS SOCIALES, UNA DINÁMICA QUE NO SE FORTALECIÓ EN LAS COMUNIDADES DE SANTURBÁN

Las comunidades de Santurbán no conformaron movimientos sociales, pues señalaron que pese a las disputas siempre tuvieron temor de que los relacionaran con grupos al margen de la ley: “haber sido perseguidos por la guerrilla llevó a asociar los movimientos sociales como movimientos de izquierda”, “los movimientos sociales que hay son los que se han creado alrededor de los sindicatos, buscan mejorar la calidad de vida de los obreros, y sus resistencias han hecho de todas maneras que las empresas y el gobierno tengan en cuenta la comunidad”. En consecuencia, el líder más representativo de las comunidades mineras de la región, en el momento de hacer la entrevista, en 2016, hace parte de las directivas del sindicato de la compañía causa del litigio.

Pese a no conformarse un movimiento social representativo en este conflicto socioambiental de Santurbán, se fortalecieron organizaciones sociales como asociaciones de mineros o campesinas. Entre las demandas de estos grupos se encuentra, en primer orden, el empleo, seguido de la realización de minería de modo responsable, el cuidado del agua, entre otros. En este sentido, Leff (2006, pp. 399-400) señala que entre las mayores demandas de los grupos socioambientales se encuentra la defensa de sus territorios, recursos y ambientes que va más allá de las formas tradicionales de lucha por la tierra, el empleo y el salario, así como nuevos modos de producción, estilos de vida y patrones de consumo alternativos al modelo capitalista. Pero las comunidades de Santurbán no están en la búsqueda de soluciones alternativas a sus formas de vida, sino en consolidar la explotación minera como la única opción de supervivencia. Este pensamiento de la comunidad minera de Santurbán configura un caso donde la valoración económica prima sobre los otros intereses.

Entre tanto, para los ambientalistas que con- formaron el Movimiento Cívico Conciencia Ciudadana, el derecho al agua y por tanto a la salud de más de dos millones de habitantes es un asunto que debe trascender las marchas de los ciudadanos y el apoyo de los medios de comunicación, para ahora resolverse en las grandes cortes, al expresar uno de sus líderes: “la permanencia de las multinacionales depende de la sentencia de la Corte, el futuro del agua dependerá de la estrategia jurídica”. También consideran que el plan de manejo será decisivo en el futuro de Santurbán.

“LA DIFERENCIA EN LA IGUALDAD” COMO VALOR BIOÉTICO

“La diferencia en la igualdad”, elemento importante de la ecología política propuesto por Arturo Escobar (2005) se planteó en este estudio como valor bioético. El autor lo define como las condiciones para la coexistencia en la globalidad de grupos culturales que en interacción con sus medios naturales han construido sus territorios, subsistencias, estilos de vida, modelos productivos, entre otros, en suma, mundos locales alternativos que tienen el derecho a participar de modo equitativo con sus identidades en un mundo global más justo. Esta “diferencia en la igualdad” esta tejida por principios como el reconocimiento de la diversidad cultural, la autonomía, la equidad y la justicia, el diálogo de saberes, el lugar y las redes, entre otros, de gran trascendencia para la toma de decisiones respecto a estas disputas.

En este estudio de caso, como se analizó anteriormente, los actores sociales de Santurbán presentan ideas de naturaleza capitalistas con algunas tendencias híbridas. No obstante, sus opositores son otros actores sociales, en este caso, los ambientalistas que luchan por el derecho al agua con ideas orgánicas de naturaleza y tendencias híbridas. De ahí que la autonomía de las poblaciones de Santurbán como principio bioético, esto es, el derecho a decidir sobres sus futuros, a partir de sus ideas de naturaleza, vulneraría el derecho al agua de la gran mayoría representados por la lucha ambientalista.

Al tiempo, algunos actores sociales con ideas de naturaleza híbridas promueven que la minería tradicional se articule con la gran minería, para la supervivencia de sus identidades y formas de vida. En este sentido, hay una demanda por parte de estas comunidades de “la diversidad cultural” como valor bioético, no obstante, la Resolución 2090 de 2014, así como la sentencia de la corte C-035 de 2016 deja a los pequeños mineros sin su actividad tradicional; en consecuencia, estas normas vulneran el derecho de los más débiles. De este modo, estos conflictos socioambientales no son examinados con referencia a “la diversidad cultural”, desde la cual se han configurado territorios, estilos de vida, modelos alternativos de desarrollo, cosmovisiones, éticas de la vida, entre otros, que son hoy fundamentales para comprender la globalidad desde lo local, así como posibilidades para solucionar estas disputas socioambientales.

Por otra parte, estas decisiones jurídicas no garantizan el derecho al agua, puesto que la delimitación realizada en el 2014 permite continuar con la minería a gran escala fuera de la línea de páramo; en consecuencia, se seguirán contaminando las cuencas aunque se plantee una minería responsable, pero sí eliminaría la minería tradicional que está dentro de los limites. Así, la equidad como principio bioético tampoco está presente en las decisiones tanto del gobierno como de los fallos jurídicos, al des- conocer el concepto de páramo desde una perspectiva holística, más aún cuando en Colombia históricamente los páramos han sido territorios donde confluye lo humano y lo natural. De la misma manera, estos fallos tampoco atienden el derecho al agua de la gran mayoría.

Si bien el derecho al agua debe primar, no se puede seguir desconociendo que los páramos en Colombia son ecosistemas sociales habitados por comunidades que, aunque los han explotado, también muchas de ellas los han cuidado. No obstante, las políticas del gobierno y los fallos jurídicos actualmente garantizan la explotación a manos de las multinacionales en detrimento de los derechos de los más débiles, propiciando con ello la minería ilegal.

Es urgente reflexionar que el pasado, presente y futuro de las poblaciones latinoamericanas están fundados en visiones y prácticas de vida heredadas de una colonización salvaje que pre- tendió despojarlas de sus identidades. Este solo será un primer paso para reconocer las realidades y plantear alternativas que vayan más allá de un supuesto principio de precaución para adentrarse en la historia ambiental de la que América Latina es protagonista.

De este modo, “la igualdad en la diferencia” como valor bioético no está presente en las alternativas de desarrollo propuestas a las comunidades post- delimitación, pues representa una expropiación de recursos, culturas e identidades a manos de las multinacionales, sin ninguna consideración por la minería tradicional de los pobladores de Santurbán.

Esta situación conlleva sugerir la construcción de una bioética con enfoque de ecología política, en el cual, “el diálogo de saberes” propuesto por Leff (2009, p. 445) convoque el encuentro de seres culturalmente opuestos en la búsqueda de soluciones a los conflictos socioambientales; en este diálogo, la racionalidad económica y cien- tífica se aprestan a escuchar las racionalidades alternativas para comprender sus concepciones y prácticas, también valiosas y productivas. No es pertinente continuar la toma de decisiones desde un solo ámbito, en este caso, la racionalidad económica del gobierno y la racionalidad científica de los marcos legales que prohíben hacer minería en los páramos, pues se requiere de todas las racionalidades que confluyen en estos conflictos, dado que América Latina, y en especial Colombia, están fundados en la diversidad cultural y étnica, que históricamente ha significado su riqueza y evolución, por tanto, posibilidades para recrear un país sustentable.

CONCLUSIONES

La historia de Santurbán, donde se origina el conflicto socioambiental, está determinada por su historia ambiental, marcada por la conquista y la colonia española. En consecuencia, la posición de las comunidades de la región en este conflicto socioambiental es de alianza con los actores individuales, a saber, las multinacionales que operan en la región, lo que va en contravía a la literatura aquí expuesta.

El derecho al agua aún no está garantizado, ni con la Resolución 2090 de 2014 ni con el fallo C-035 de 2016 de la Corte Constitucional, pues continúan las denuncias por parte de los ambientalistas sobre el vertimiento de sustancias tóxicas de las compañías mineras que continúan operando en Santurbán. Además, estás seguirán operando fuera de la línea de páramo, mientras que los pequeños mineros serán los grandes afectados, pues tendrán que abandonar la actividad que han practicado durante siglos.

Los actores sociales de Santurbán presentan ideas de naturaleza capitalista, los actores ambienta- listas ideas orgánicas, los actores individuales ideas tecnocientíficas, y el actor mediador ideas híbridas. No obstante, estas percepciones coexisten en todos los actores con nociones híbridas.

En la bioética de los actores sociales priman los intereses individuales sobre los colectivos, puesto que la supervivencia está por encima de la conservación del páramo y por ende, del agua. Los valores como la autodeterminación, la equidad y la justicia están presentes en la identidad de estos actores, pero van en contravía a los análisis que propone la ecología política, pues al constituirse la comunidad en aliada de las multinacionales se convierte en un estudio de caso distinto a las luchas de los movimientos sociales de campesinos e indígenas por la desnaturalización de la naturaleza en América Latina. De ahí que la cultura minera de Santurbán se configure en un referente diferente dentro de este enfoque.

En la bioética de los ambientalistas se analiza un sentido claro por la defensa del agua como recurso vital para las generaciones presentes y futuras. Aunque sus principios de relacionalidad con la tierra no son del tipo idílico de las filosofías andinas, proclaman la correspondencia y la complementariedad con la naturaleza como ejes para la supervivencia y la calidad de vida humana. En este sentido, prima el bien colectivo sobre el bien particular, esto es, el derecho al agua.

La bioética de los actores individuales se orienta a proclamar la minería responsable como posibilidad para continuar explorando y explotando el oro de Santurbán. No obstante, sus discursos evidenciaron contrasentidos.

Aunque se vislumbra el principio de equidad y justicia, en los enunciados del actor mediador al proclamar un futuro digno para estas poblaciones de Santurbán, la bioética está todavía en deuda por parte del gobierno con la región, ya que no tiene en cuenta a las comunidades para la toma de decisiones ni el diseño de sus futuros.

Las comunidades de Santurbán no conformaron movimientos sociales, dado el temor a que los relacionaran con los grupos armados al margen de la ley que azotaron la región en el pasado. La mayor demanda de los actores sociales de la región es el empleo, el cual aspiran que sea el resultado de la minería responsable que se debe realizar en el páramo.

Para los ambientalistas la estrategia de reapropiación es la vía jurídica, que en últimas dirimirá la importancia del agua como derecho fundamental. “La autodeterminación” de los pueblos de Santurbán implica la vulneración del derecho al agua de la gran mayoría.

Este conflicto socioambiental no es examinado desde “la diversidad cultural”, dado que los pequeños mineros son los más afectados con las decisiones jurídicas, que aunque en la teoría pretenden favorecer el derecho al agua, en la práctica no lo garantizan, puesto que las multinacionales continuaran por debajo de la línea de páramo. Por tanto, también “la inequidad y la injusticia” se erigen en la toma de decisiones, al desconocer este ecosistema desde un concepto holístico.

“La diferencia en la igualdad” como valor bioético no está presente en las alternativas de desarrollo propuestas a las comunidades post-delimitación del páramo, pues estas representan una expropiación de recursos, culturas e identidades.

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Notas

1 Pueden consultarse los estudios de Flórez (2008); Escalona & Pérez (2010); Tarrio, Porter-Bolland, & Sureda (2010); Vanegas (2013); Sanabria et al (2013); Muriel (2013)

2 El filósofo Gilbert Hottois en su texto ¿Qué es la bioética? (2007) alude a estos tres ámbitos en los que la bioética ha dirigido sus objetivos.

3 Véanse los planteamientos de Miguel Kottow en su propuesta de bioética ecológica (2009).

4 Algunas lecturas introductorias a este tema son Gudynas (2013; 2012), Guillen & Phélan (2012), Estermann (2006, 2011), y Rossi (2001).

5 Esta información hace parte del trabajo de campo y se encuentra en los anexos de la investigación. A cada actor se le asignó un código que lo identificó a lo largo de las entrevistas a profundidad.

6 Véase, por ejemplo, Escobar (2012; 2011; 2005; 1999), Leff (2009; 2006), Alimonda (2011; 2012), y Castro Herrera (1994).

7 Escobar (2012; 2011; 2005; 1999), Leff (2009; 2006), Alimonda (2011; 2012), y Castro Herrera (1994).

Notas de autor

* Docente-investigadora. Doctor en Bioética, Magister en Pedagogía, Especialista en Gerencia social, Comunicador social-periodista. Ha realizado investigaciones en el campo de la pedagogía y la Educación ambiental. Actualmente se desempeña como docente de educación media y universitaria en Instituciones de la ciudad de Bucaramanga. sandrabasto@yahoo.com, sandrabasto39@gmail.com.

** Este artículo es producto de los resultados de la tesis doctoral que lleva el mismo nombre, presentada al Departamento de Bioética de la Universidad El Bosque en Bogotá.