Políticas públicas del deporte local y seccional en el Departamento del Meta, Colombia. Revisiones preliminares desde el deporte social

A propósito del deporte social

Nos proponemos en principio dar cuenta de un tipo de deporte que, aunque bien ha venido configurándose teóricamente y con fuerza en las últimas décadas desde los estudios y las ciencias sociales a partir de diversas comunidades académicas y de acción política, es más bien un deporte con locus suscrito en el orden de las realidades locales y regionales. Un deporte que desde la Red Latinoamericana de Deporte Social para la Inclusión se plantea o se ocupa del análisis en torno a las formas en que este “se emparenta con nuestros paisajes de significado, sentimientos de pertenencia o prácticas culturales; los modos en que se entrecruza con procesos de validación de lo dominante; la configuración de jerarquías, desigualdades y exclusiones y, sobre todo, cómo puede ser empleado como dispositivo capaz de generar procesos inclusivos de mejoramiento social” (Zebadúa & Echeverry, 2019, p. 12).

Así, entender al deporte social desde sus diversas acepciones quizá no haya sido la intención del estudio efectuado, puesto que lo que fundamentalmente se propuso fue realizar un relevamiento de información de cara a su análisis y comprensión, en materia de producción académica o de política pública. Sin embargo, sí está claro que, como concepto, acoge todas las esferas como bien lo plasma la UNESCO (2017). Se puede entender, entonces, y de modo genérico que el deporte social es un fenómeno social y un hecho cultural, lo cual concuerda con los planteamientos de Elias & Dunning (1992), siendo, en últimas, un instrumento para el bienestar social, el mejoramiento de la calidad de vida, el mantenimiento de la buena salud y el potenciamiento de la educación, entre otros.

El deporte social (entendiendo que su denominación varía de acuerdo con cada país u organismo) es aquel que discursivamente no coloca como elemento central la competencia y el triunfo, sino que apela a valores como la participación e integración y, por definición, es practicado por hombres y mujeres de todas las edades y orígenes, pues se le considera un derecho. En esta línea, nos proponemos entender el deporte, tal como lo define Da Matta (1982), “como parte de la sociedad y la sociedad como parte del deporte” (p. 32), y es en esa dirección que se puede tomar al deporte como una forma de drama social en que la sociedad se deja percibir y leerse a sí misma, proponiendo el estudio de las apropiaciones diferenciales que se realizan de esta práctica. De modo tal que, lejos de ser un hecho ahistórico, apolítico y desideologizado, el deporte conjuga esos factores casi axiomáticamente (Barthes, 2008).

Sin embargo, y para ponerlo de forma más cercana al contexto nacional o regional, bien podríamos pensar en las normas alusivas al deporte social, como aquellas que se afincan en la realidad social y que, principalmente, favorecen el fomento de las prácticas deportivas y recreativas para el sano esparcimiento, el aprovechamiento del tiempo libre y la mejoría de la calidad de vida de los ciudadanos, que se consagran centralmente y de manera particular en la Ley 181 de 1995, carta magna del deporte en Colombia. Esta, mediante el artículo 16, describe las formas en que se desarrolla el deporte, haciendo especial énfasis en el deporte social comunitario que “es el aprovechamiento del deporte con fines de esparcimiento, recreación y desarrollo físico de la comunidad. Procura integración, descanso y creatividad y se realiza mediante la acción interinstitucional y la participación comunitaria para el mejoramiento de la calidad de vida” (Coldeportes, 2009, p. 5). Además, dicho artículo se despliega en los mandatos subsiguientes y se torna en un referente para la formulación y adopción de programas que dirijan la política estatal sobre educación y mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad en general. Tal es el caso del Plan Nacional del Deporte y programas como “Deporte para todos”, la figura más representativa a este respecto, que logra, entre otras cosas, estimular la conducta y la manera de actuar de los ciudadanos, las cuales ayudan al mejoramiento de la salud, el equilibrio físico, moral y sicológico, y la lucha contra el uso de alcohol, el tabaquismo, la drogadicción, la prostitución, entre otros fenómenos sociales. Ya en el plano de lo legal, la Ley 181 de 1995 establece en sus artículos 6 y 7: “los entes deportivos municipales deberán asegurar suficientes condiciones organizativas, técnicas, materiales, científicas, metodológicas, para la práctica de las actividades relacionadas con la educación física y el deporte para todos” (p. 3).

En este orden de ideas, que pasan por la referencia normativa y teórica, podríamos pensar en el deporte social como aquella herramienta que favorece la formación de agentes comprometidos con su realidad y con la capacidad de analizar sus contextos de una forma integral. De aquí la necesidad de concebir, desde la propuesta investigativa, al “deporte, la actividad física y la recreación como elementos de integración y derecho inalienable, que deben ser garantizados en toda la sociedad, entendidos como prácticas que ayuden a promover la inclusión social, el desarrollo humano y el bienestar social” (Zambaglione, 2015, p. 20).

Ahora bien, en el marco de estas transformaciones estructurales se reconceptualizan cualitativamente la concepción de lo público y lo privado, desplazando el ejercicio de lo público estatal a formas privadas/privatizadas del ejercicio de lo público, redefiniendo de paso las relaciones del Estado con la sociedad civil, esto es, los ciudadanos y ciudadanas.

Lo anterior implica, consecuentemente, la incorporación de la ciudadanía en la formulación y gestión de las políticas públicas y evidentes modificaciones en el ejercicio mismo de esa ciudadanía en los procesos de democratización de la mayoría de los países de la región. Temas como descentralización y desconcentración de las políticas y la oferta de servicios públicos, que traen como correlato el debate sobre desarrollos endógenos sostenibles en el tiempo o el acento en la equidad territorial o focalización de los recursos aportados por el Estado, hacen parte de la agenda actual en la formulación, diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas en América Latina, con correspondencias en la redefinición de la ciudadanía y la participación activa de la sociedad civil (esto es, la que no está contenida en el Estado), ahora más activa y más dinámica, hicieron parte de la lupa con la que el proyecto enfocó las expectativas y realidades en la discusión sobre políticas públicas regionales.

Ruta metodológica

De conformidad con el objetivo principal de la investigación, el cual centró su mirada en la identificación de las concepciones y los lineamientos en torno a la construcción de política pública y de producción académica sobre el deporte social en la región, el desarrollo de la metodología estuvo, pues, encaminado hacia el abordaje del problema de investigación, lo que implicó el empleo de un diseño mixto que, para el caso específicamente dado, posibilitó la ampliación de la comprensión teórica y empírica del estudio. En todo caso, dicho intento se planteó sobre la base de que “los diseños mixtos en el campo de la educación son una estrategia de investigación mediante la cual un mismo objeto de estudio pedagógico es abordado desde diferentes perspectivas de contraste” (Creswell y Clark, 2007, p. 223). Perspectivas que a propósito se enlazaron con el diseño de triangulación, como el más conocido entre los métodos mixtos de investigación. El objetivo de este diseño fue combinar las fortalezas de ambas metodologías para obtener datos complementarios acerca de un mismo problema de investigación.

Se apeló, adicionalmente, a la investigación documental y, por otro, a la investigación descriptiva. Respecto de la primera, como aquella modalidad que permitiera encontrar patrones subyacentes referidos a sentidos, visiones, percepciones y comprensiones a partir de registros escritos y simbólicos (Galeano, 2004). Para esta autora, “la investigación documental no solo es una técnica de recolección y validación de información, sino que constituye una de sus estrategias, la cual cuenta con particularidades propias en el diseño del proyecto, la obtención de la información, el análisis y la interpretación” (p. 114). Así también, la propuesta intentó inscribirse desde una perspectiva de investigación descriptiva. Con ella se pretendió describir las construcciones y producciones en materia de deporte social en la región, lo cual implicó “describir de modo sistemático las características de una población, situación o áreas de interés” (Tamayo y Tamayo, 1987, p. 46).

De conformidad con la metodología inicialmente propuesta, se emplearon técnicas de análisis y recogida de información como el análisis de contenido, la entrevista semiestructurada y la encuesta cuestionario, en tanto que son estrategias de acopio de datos altamente relevantes según el problema de investigación y el objetivo propuesto para el desarrollo mismo del estudio.

Finalmente, se resalta la elaboración de análisis a través del diseño y la construcción de matrices las cuales permitieron el entrecruzamiento teórico-empírico de la información obtenida como resultado de la aplicación de las técnicas metodológicas en referencia. Se destaca también la aplicación de la herramientas o software de análisis cualitativo AtlasTI a partir de la generación de árboles o redes categoriales.

Discursos y prácticas sobre el deporte social a partir de políticas públicas

Existe, tanto en el diseño como en la ejecución, una clara relativización del concepto de deporte social y comunitario en sus políticas públicas, de manera especial en las de carácter local y regional a diferencia, por ejemplo, de las que contienen esta diferenciación de manera mucho más explícita en las políticas globales del sector. Ello, en parte, ha generado un vaciamiento de su contenido, al no presentar claridad frente a sus formas de acción, así como una clara diferenciación de ámbitos como la actividad física o el deporte de altos logros, lo cual eventualmente se refleja en un uso retórico de las poblaciones diversas o vulnerables, confusión que se refleja en las prácticas, programas y actividades, y que conduce a pensar un desarrollo más bien asistencialista de proyectos en estas comunidades. El sector del deporte social y comunitario, en virtud de esta debilidad en la concreción de su conceptualización, no ha logrado conectar con las comunidades a partir sus expectativas y experiencias, las cuales en términos concretos no se atienden de manera efectiva, según se desprende de las entrevistas con actores y usuarios del sector.

Frente a los lineamientos y directrices normativas sobre el deporte social, es necesario resaltar que existen normas internacionales que tienen una vasta claridad sobre el deporte social. En ese sentido, tanto la UNESCO (2019) como otras organizaciones mundiales han hecho una apuesta con población migrante mundial. Otras organizaciones les apuestan a grupos etnoculturales, mujeres y niños refugiados, personas sin hogar. Estas entidades asumen el deporte como un fenómeno social y cultural, de ahí que se considera el deporte como un derecho.

En relación con la política nacional, departamental y municipal sobre el deporte social, los lineamientos se dirigen desde una perspectiva más retórica, es decir, se visibiliza en los documentos y directrices normativas, pero en la realidad, se vuelve difuso en sus acciones, planes y programas para acercarse a lo que es el deporte social. Su tendencia radica principalmente en un deporte con una marcada tendencia por lo competitivo, el deporte de altos logros, el deporte y la detección de talentos. Al observar la política nacional del deporte social se evidencia en su concepción una aproximación al deporte como fenómeno social anclado a ciertas matices contextuales (la paz, el medio ambiente, la diferencia, la inclusión), no obstante, en la realidad de sus programas nacionales que irradian lo departamental y municipal se manifiesta de una manera que no permite pensar el deporte social como un fenómeno social, sino como una excusa para masificar el deporte desde cualquier práctica deportiva sin tomar en cuenta las necesidades reales de la población. Es decir, se cree que deporte social es llegar con actividades deportivas de toda índole en cierto contexto y que las personas participen.

Desde los discursos relacionados con la población del sector tiende a haber una confusión con las prácticas del deporte social. Al parecer, se percibe que los esfuerzos de estas entidades gubernamentales y municipales van encaminados, en un mayor porcentaje, al deporte social comunitario, luego al deporte formativo y, por último, al deporte competitivo. Eso deja ver, principalmente, que no hay claridad en lo que realmente es el deporte social por “considerar que toda actividad deportiva que se realice es deporte social” (Entrevistado Nº 1). Pero, sobre todo, por afirmar que la prioridad para estos entes desde la mirada del deporte, en general, es el deporte social.

Se percibe, de otro lado, en las directivas gubernamentales un discurso modernizado del deporte social; en ellos, este deporte es más pensado como un derecho desde lo jurídico y como un asunto de cobertura en tanto masividad o cantidad. Si bien para algunos de los dirigentes el deporte social es una práctica en sí misma, “cualquier práctica deportiva que incluya a todo el mundo o cualquier cosa que usted haga posiblemente es deporte social, además de transversal” (Entrevistado Nº 2), para otros, tiene un sentido mucho más cercano a los que es, en realidad o conceptualmente, el deporte social, pues “se le ve como una práctica masiva que posibilita procesos de transformación de la realidad social y que surge necesariamente de la comunidad” (Entrevistado N.º 3). Sin embargo, el sector, en general, carece de un discurso que lo aproxime a comprender el propósito real del deporte social. Cabe destacar, sobre las agencias o institutos IMDER e IDERMETA, encargadas de la promoción del deporte y de la actividad física, la falta de conexión, vínculo o acercamiento con la realidad de las comunidades desde sus necesidades, al igual que con el sector de la educación física: “los programas, las actividades y todo lo que hacen en la Recreovía o en los barrios, es muy bueno, pero hasta ahí. No nos preguntan ni consultan por otras prácticas y otras actividades” (Entrevistado Nº 4).Esto evidenciaría que el deporte está más bien asociado a los requerimientos y a los intereses del policymaker o del administrador de turno desconociendo las realidades y necesidades del contexto, las cuales, en términos de construcción colectiva, debieran pensarse desde el sentir comunitario y las expectativas y deseos sociales. Al no tener las agencias ni el sector deportivo una claridad frente a lo que significa el deporte social desde su articulación con el sentido de lo comunitario, podría pensarse que no ha sido posible –o no han sido capaces de- interpretar los deseos del contexto comunitario o las urgencias de aquellas comunidades frente al deporte. Esto indicaría el no aprovechamiento de las experiencias de las comunidades: sus prácticas, sus juegos (tradicionales, populares o ancestrales) y posibilidades de encuentro. Lo contrario, hay una imposición de prácticas hegemónicas que muestran otras realidades que no son necesarias o vitales para la transformación de las comunidades. Podemos adicionar a ello, que las políticas públicas expuestas a través de su planes y programas tampoco expresan esa conexión que se requiere con las comunidades para lograr generar procesos de transformación en ellos mismos y en los otros.

Modos de construcción y producción sobre políticas públicas alrededor del deporte social

La construcción de la política se hizo de manera plural e incluyente, con representación de actores diversos de la comunidad y la sociedad según se desprende de la participación en las actividades encaminadas a su desarrollo. Sin embargo, y a manera de glosa necesaria, se requiere revisar las formas de participación, pues la representatividad no garantiza participación ni inclusión. Es necesario, en este sentido, tomar nota sobre las formas de construcción de la política con el fin de evitar una concepción etnocéntrica de la misma, que evidencia dificultades en la comprensión de las relaciones con las comunidades y desconoce sus diferencias, en un modelo homogeneizador y simplista.

Así, los modos de construcción de las políticas públicas tanto a nivel municipal como departamental, si bien han posibilitado la participación representativa de algunos actores, reflejado fundamentalmente a partir de actas, listados de asistencia o evidencias fotográficas, adolece también de algunos asuntos críticos constituidos como insumo central de análisis, entre los cuales se pueden destacar: falta de acompañamiento y generación de mecanismos técnicos que orienten la construcción a partir de las realidades y necesidades de los territorios.

Ello conlleva una inclusión retórica y funcional de las comunidades y, a su vez, a una participación carente de sentido técnico-político entendido como aquel que poco o nada propicia la conducción cualificada de iniciativas sociales de la mano del consenso, la escucha, el diálogo, entre otros. Efectuar construcciones de este tipo produce diseños auspiciados por la conveniencia, el capricho y la imposición de intereses particulares por sobre la preeminencia de valores sociales propios de la construcción colectiva en favor del desarrollo y el bienestar general. En cambio, generar acompañamiento y crear dichos mecanismos a tal punto de su apropiación social, favorece la sensatez y la comprensión de las necesidades reales comunitarias en torno al deporte, y de manera preponderante, posibilita ejercicios de gobernanza cuya relación gobierno-sociedad se efectúa desde la participación simétrica e igualitaria y, para ello, es necesario que “los intereses sociales tengan la oportunidad efectiva para organizarse, informarse y participar en la interacción decisional” (Aguilar, 2006, p. 28). En modo alguno, ápices sobre lo previamente expuesto puede reflejarse (en etapas de implementación de la política pública) a partir de la figura denominada “convenios solidarios” a nivel municipal, la cual se constituye en una iniciativa comunitarias de participación sobre la vida y el interés público, y que reconoce el papel activo de “actores extra-gubernamentales que tienen mucho qué decir a la hora de decidir sobre asuntos que constituyen un problema social que merecen ser atendidos mediante políticas públicas” (Aguilar, 2006, p. 83).

De otro lado, una construcción de carácter etnocentrista cuyo especial énfasis radica en el diseño de una política pública teniendo como punto de referencia el lugar a partir del cual convergen y se disponen los mayores recursos del orden logístico, operativo, de infraestructura, e incluso de tipo deportivo o económico, relegando a los demás lugares a la periferia en una suerte de abandono o desprecio en tanto que no contribuye, representa u ostenta modelo alguno de desarrollo, o lo que es igual, no se configura en referencia de sociedad “desarrollada”. La visión etnocéntrica, en los términos aquí expuestos, significa entonces la construcción de una política pública sobre la base de “culturas dominantes” partiendo de la suposición y el “entendimiento según el cual las sociedades centralizan la verdad en términos de costumbres culturales, desarrollo social y económico, etc. Según la concepción etnocéntrica, por lo tanto, existe una verdad única y universal, entendida como el centro, y es a partir de ella que se instituyen las atribuciones de lo correcto y de lo errado” (Boneti, 2017, p.16).

Finalmente, se resalta la baja participación del sector del periodismo deportivo en la construcción de las políticas públicas. Así entonces, el análisis general de la investigación, evidencia que quizás una de las comunidades cuya mayor marginalidad tuvo en tanto asistencia y participación es la del periodismo local propia del sector deportivo: comentaristas, analistas, narradores, cronistas, entre otros. Su aporte, por tratarse de un sector históricamente relevante en el registro, la creación y reproducción de la información sobre la materia tanto en el municipio como en el departamento, es sumamente importante para los destinos y proyecciones consignadas a nivel de políticas públicas

Efectos sociales y culturales de las políticas públicas en torno al deporte social

Aunque el estudio, en términos generales, centró su atención en la fase de construcción de las políticas públicas también realizó indagaciones alrededor de los posibles efectos del orden social y cultural que ha generado su etapa de implementación. Así, entonces, y muy a pesar de que el inicio de dicha etapa justamente coincidió con la entrada en vigencia de la desafortunada situación de salubridad pública relacionada con la COVID-19 en el mundo y el país, se pueden resaltar algunas de ellas, tal como se registró a partir de la aplicación de las técnicas de acopio de información, a saber: potenciación de los convenios solidarios como figuras que posibilitan ejercicios de gobernanza.

En este sentido, dichas figuras se constituyen en indicador de apropiación y reconocimiento de las políticas públicas por cuanto a través de estas se materializan las acciones allí consignadas. A su vez, dichos convenios permiten el fortalecimiento de la cogestión por cuanto favorece y “sirve para mejorar la calidad de las políticas y decisiones públicas con un propósito mayor: la ampliación de los espacios públicos para reforzar los derechos de ciudadanía” (Mariñez, 2009, p. 19), lo cual, en un sentido democrático, es a través de estas formas de participación como las políticas devienen en públicas, y del modo en que los ciudadanos toman parte de las decisiones de interés común.

Adicionalmente, la construcción y existencia misma de las políticas públicas representan motivo de satisfacción para las comunidades y, por ende, constituye un efecto favorable, aunque no con ello garantiza el mejoramiento de las condiciones materiales y simbólicas del deporte en la región. Si bien, el hecho de que haya, hoy por hoy, un producto concreto y como resultado de la concertación comunitaria en materia de deporte, que direccione los destinos tanto en el ámbito municipal como departamental, su sola aparición no implica per se cambios positivos en torno a los procesos y las realidades del deporte en los contextos, pues “no radica solamente en pedir más políticas públicas del deporte, ni en enumerar todas sus bondades; en cambio, sí en el planteamiento de debates con criterios científicos, la discusión de valores sociales y éticos, así como en la proyección de resultados y evaluaciones con puntos de vista distanciados” (Segura y Buarque, 2015, p. 8). Se trata en lo fundamental de ejercer control social y seguimiento a productos que han surgido del acto participativo para que no pierda su valor democrático y pierda su horizonte, pues “además de los impactos socialmente positivos, cuyo alcance es preciso debatir con criterios, es igualmente importante no ocultar los otros efectos emergentes. Las prácticas deportivas y sus políticas públicas pueden integrar, pero también pueden ser susceptibles de excluir. Excluir de su esfera a grupos vulnerables, minorías, personas menos habilidosas o público femenino (Gasparini y Vieille-Marchiset, 2008). En definitiva,

buenas intenciones pueden iniciar una actividad o abrir un espacio, pero éste mismo puede ser capturado o anclarse en esquemas clientelistas; por eso el deporte, como toda actividad social, generará efectos no deseados en su desarrollo y esos efectos también forman parte de los resultados generados. (Gasparini y Vieille-Marchiset, 2008, p. 8)